La administración Trump ha anunciado un cambio normativo en materia fiscal que podría modificar de forma significativa el acceso de ciertos inmigrantes a créditos tributarios reembolsables en Estados Unidos a partir del año fiscal 2026. El Departamento del Tesoro informó que planea reclasificar la parte reembolsable de determinados créditos fiscales como “beneficios públicos federales”, en el marco de la Ley de Reconciliación de la Responsabilidad Personal y las Oportunidades de Trabajo de 1996. Entre los créditos afectados se encuentran el crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC), el crédito tributario adicional por hijos (ACTC), el crédito tributario de oportunidad estadounidense (AOTC) y el crédito tributario por aportación de la contrapartida del ahorrador (SATC). Esta reclasificación implica que la elegibilidad ya no se determinará únicamente por las reglas del código tributario, sino también por las restricciones de acceso a beneficios públicos para determinados no ciudadanos. Como consecuencia, muchos inmigrantes con autorización de trabajo podrían dejar de recibir estos recursos aun cuando presenten su declaración de impuestos y cumplan con los requisitos tributarios habituales.
Según expertos en impuestos, los grupos más propensos a verse afectados por este cambio son los “dreamers” o beneficiarios de DACA, los titulares de Estatus de Protección Temporal (TPS), ciertos trabajadores extranjeros con visas de empleo, estudiantes internacionales y algunas familias en las que los hijos son ciudadanos estadounidenses pero los padres no tienen un estatus migratorio permanente. Estas categorías han tenido hasta ahora acceso desigual a los créditos fiscales, pese a participar activamente en el mercado laboral y en el sistema tributario. Organizaciones especializadas señalan que los inmigrantes indocumentados que pagan impuestos ya se encuentran excluidos de numerosos beneficios, aunque se calcula que este grupo aportó casi 100,000 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales en 2022. Además, no son elegibles para beneficios de jubilación del Seguro Social ni para la cobertura de Medicare, pese a contribuir a los impuestos sobre la nómina que financian dichos programas. La nueva normativa extendería este tipo de restricciones a la parte reembolsable de los créditos tributarios mencionados.
El anuncio del Tesoro se enmarca en una estrategia de “enfoque de todo el gobierno” en materia migratoria, en la que diversos departamentos federales, y no solo los organismos de seguridad nacional, buscan mecanismos para apoyar la agenda de control migratorio de la administración. En este contexto, la política fiscal se vincula con la política migratoria mediante la definición de quién puede acceder a créditos reembolsables financiados con recursos federales. Para avanzar en este cambio, el Tesoro solicitó al Departamento de Justicia una reinterpretación de la ley de 1996 que permita considerar estos créditos como beneficios públicos federales. Una vez obtenida esa reinterpretación, la agencia se propone elaborar una nueva norma que redefina de manera formal la naturaleza de dichos créditos. De este modo, la condición migratoria y la autorización de trabajo pasarían a ser elementos centrales en la determinación de la elegibilidad. Esto podría implicar procedimientos adicionales de verificación de estatus migratorio en el proceso de administración tributaria.
Diversos especialistas en política fiscal y derecho tributario han señalado que la implementación de esta medida impactaría de forma particular a quienes intentan cumplir de manera regular con sus obligaciones fiscales. Argumentan que las personas con autorización de trabajo que presentan su declaración de impuestos y solicitan créditos reembolsables serían las más expuestas a ver reducidos sus beneficios. Al mismo tiempo, subrayan que las personas sin autorización de trabajo ya tienen un acceso muy limitado a este tipo de créditos, por lo que la reclasificación ampliaría la lista de quienes quedan excluidos. Algunos expertos sostienen que la reinterpretación propuesta podría entrar en tensión con disposiciones claras del código tributario que regulan la concesión de créditos a determinados contribuyentes. Desde esta perspectiva, se plantea que modificar de manera sustantiva la elegibilidad para estos créditos requeriría una acción explícita del Congreso. También se señala que no existe certeza de que hubiera una mayoría legislativa dispuesta a respaldar una restricción tan amplia.
En el plano procedimental, el Tesoro prevé emitir un borrador de norma y abrir un periodo de consulta pública antes de adoptar una versión final. Durante esa fase, organizaciones, ciudadanos y especialistas podrán presentar comentarios sobre los aspectos técnicos y legales de la propuesta. Una vez analizadas esas observaciones, la agencia podrá ajustar el texto y publicar la regulación definitiva, con la intención de que entre en vigor para el año fiscal 2026. A partir de esa fecha, la elegibilidad para los créditos tributarios reembolsables mencionados quedaría sujeta a la nueva definición de “beneficio público federal” y a las categorías migratorias reconocidas por la ley. Hasta que la norma final no sea aprobada y aplicada, continuarán vigentes las reglas actuales para reclamar estos créditos en las declaraciones de impuestos. El resultado será un cambio estructural en la forma en que la política tributaria y la política migratoria interactúan en el acceso de los inmigrantes a los créditos fiscales reembolsables.
