La autoridad fiscal mexicana prevé 16.200 revisiones para supervisar retenciones, saldos a favor, importaciones y uso de factureras

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), encargado de la fiscalización y recaudación del Gobierno de México, diseña para 2026 un amplio programa de auditorías dirigido a contribuyentes catalogados como de alto riesgo de incumplir con el pago de impuestos, apoyado además en nuevas facultades para combatir a las llamadas factureras.

Este lunes 20 de octubre, el SAT dio a conocer los criterios con los que programará sus auditorías para 2026, basados en la detección de comportamientos que, a juicio de la autoridad, elevan la probabilidad de que un contribuyente deje de cumplir con sus obligaciones fiscales.

Para ese año se prevé la apertura de 16.200 auditorías: 1.200 orientadas a grandes contribuyentes, 12.000 a pequeños y medianos, y 3.000 enfocadas en operaciones de comercio exterior.

De acuerdo con el SAT, el número de auditorías programadas equivale apenas al 0,02% del universo total de contribuyentes que forman parte del padrón auditable.

Entre las conductas que el fisco considera de alto riesgo se encuentran dejar de enterar las retenciones de impuestos o intentar obtener saldos a favor de manera “ilegal”.

La autoridad también pondrá la lupa sobre otros comportamientos, como la realización de operaciones con factureras o nomineras, la declaración recurrente de pérdidas fiscales, la simulación o uso abusivo de deducciones, la omisión de ingresos en las declaraciones y el aprovechamiento indebido de estímulos fiscales.

En México se conoce como factureras a las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS): compañías constituidas formalmente que aparentan transacciones y emiten comprobantes fiscales con el objetivo de evadir impuestos.

Asimismo, se revisará a contribuyentes que no paguen las retenciones correspondientes a sus trabajadores, que mantengan operaciones con paraísos fiscales, que soliciten devoluciones improcedentes o que reporten una tasa efectiva de impuesto sensiblemente menor a la del promedio de su sector.

En materia de comercio exterior, el SAT concentrará auditorías en aquellos contribuyentes que registren inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que finalmente venden, que introduzcan mercancías con valores por debajo de los precios de mercado o que incumplan regulaciones y restricciones no arancelarias.

“Con base en la identificación de estas conductas se da prioridad al inicio de auditorías para los contribuyentes que presentan las calificaciones de riesgo más altas”, señaló el SAT.

El paquete de auditorías forma parte de la continuidad del Plan Maestro anunciado por el SAT para 2024 y 2025, años en los que el énfasis estuvo puesto en la revisión de operaciones de comercio exterior.

Cifras de la autoridad fiscal indican que, al cierre de 2024, la recaudación derivada de la regularización de contribuyentes mediante auditorías y acciones de eficiencia recaudatoria alcanzó MXN$1 billón. Esto equivale a MXN$298.954 millones adicionales respecto al mismo periodo de 2023, es decir, un aumento real de 33%.

Al finalizar el cuarto trimestre de 2024, las administraciones centrales y desconcentradas de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior solicitaron 738 suspensiones del padrón de importadores, lo que representa un incremento de 84% frente a 2023.

El anuncio del SAT llega después de que la Cámara de Diputados aprobara una reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) que refuerza la capacidad de vigilancia y control de la autoridad sobre los contribuyentes, con el argumento de cerrar espacios a las factureras que utilizan esquemas ilegales para no pagar impuestos.

La reforma al CFF, que entrará en vigor en 2026, establece que los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) o facturas electrónicas que no respalden operaciones reales o actos jurídicos existentes serán considerados falsos, y dará al SAT la posibilidad de presentar querellas en contra de los contribuyentes que los emitan.

El objetivo de estas medidas es obligar a los contribuyentes a demostrar la materialidad de sus operaciones y acreditar que detrás de las transacciones existen personas y actividades efectivamente realizadas.