Aquellas personas que optaron por traer de vuelta sus fondos del extranjero bajo un decreto promulgado en 2017 con el objetivo de incentivar el retorno de esos activos a México, quizás estén lamentándolo en la actualidad.
Este decreto, emitido en respuesta a los “Panama Papers” y publicado por el SAT en enero de aquel año, permitía la repatriación con un impuesto sobre la renta (ISR) del 8 por ciento. Bernardo Elizondo Ríos, socio en el despacho jurídico Adame Elizondo, señaló que este gravamen resultaba atractivo en comparación con las tasas extranjeras que oscilaban entre el 30 y el 35 por ciento.
“Sin embargo, ahora el SAT está auditando esos activos”, indicó. Recordó que el decreto de 2017 establecía un ISR “ciego”, sin multas ni recargos, y la promesa del fisco de no revelar la identidad de los beneficiarios, a diferencia de programas anteriores. “La mayor virtud de dicho decreto radicaba en su simplicidad”, comentó el experto. Tan sencillo y atractivo que fue un rotundo éxito durante sus dos años de vigencia. Estimaciones de fiscalistas sugieren que incentivó el retorno de cerca de 345 mil millones de pesos al país, con una recaudación de casi 28 mil millones de pesos.
Sin embargo, en la actualidad, los inversores que confiaron en la bondad de dicho programa están siendo objeto de auditorías muy exhaustivas. “Recientemente hemos tenido noticias de que el SAT está auditando esos activos, especialmente su origen, a pesar de que el decreto de 2017 no exigía la comprobación de dicho origen”, aseguró Pedro Raúl Lara, director del despacho jurídico PRL Asociados.
Un cliente de un asesor fiscal en Torreón, quien prefirió mantenerse en el anonimato, compartió su experiencia. “Mi cliente repatrió una herencia aprovechando el decreto y hoy el SAT le ha impuesto un crédito fiscal superior al monto del capital repatriado, solicitando pruebas sobre el origen lícito de los fondos”. “Está desesperada, su padre ya falleció, es ama de casa y no cuenta con los medios para demostrar el origen de ese capital. Los honorarios legales le costarán una fortuna”, añadió el experto de la Laguna.
Lara advirtió que estas auditorías están generando incertidumbre entre aquellos que repatriaron sus capitales cumpliendo todos los requisitos legales. Descartó la idea de que el decreto permitiera el blanqueo de capitales, ya que las facultades de la Fiscalía General de la República (FGR) y del SAT para perseguir delitos y combatir la corrupción siempre estuvieron vigentes.
