El Senado de la República aprobó este jueves el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. La votación registró 85 sufragios a favor y 36 en contra, en medio de un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías recurrentes, conflictos por concesiones, expansión urbana y alta demanda del sector agrícola.

La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras alrededor de 24 horas de discusiones. El nuevo marco legal deriva de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el propósito de regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como de priorizar el consumo humano y doméstico frente a autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.

Uno de los ejes centrales de la nueva Ley General de Aguas es la modificación del esquema de concesiones. El texto establece que las concesiones para el uso del agua no podrán ser intercambiadas entre particulares. En su lugar, se determina la obligatoriedad de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sea la instancia encargada de redistribuirlas conforme a los criterios previstos en la legislación.

Durante la discusión en el Senado, legisladores de distintos grupos parlamentarios expusieron argumentos a favor y en contra del proyecto. Óscar Cantón Zetina, senador de Morena, señaló que el enfoque de la reforma coloca en el centro a las personas y no a quienes, según su postura, han concentrado el acceso al recurso. Sostuvo que la propuesta busca articular una relación entre tierra, agua y población, y que la legislación pretende fortalecer a productores y campesinos. En ese sentido, afirmó que el nuevo marco normativo elimina una visión mercantil del agua y la orienta hacia su carácter de bien público.

Desde la oposición, la senadora Verónica Rodríguez, del PAN, advirtió que la reforma podría convertir el agua en un instrumento de uso político. Planteó que el Gobierno Federal tendría margen para decidir de manera discrecional la continuidad, reducción o terminación de concesiones, y para determinar quién puede operar con determinados volúmenes.

Por su parte, Carolina Viggiano, del PRI, señaló que el proyecto no incluyó estudios económicos ni presupuestales, carece de análisis de impacto financiero y no garantiza inversión para infraestructura, operación o vigilancia de los sistemas de agua. También indicó que no se consultó a pueblos originarios en el proceso legislativo.

En tanto, Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, afirmó que los cambios podrían incrementar el control gubernamental sin contrapesos claros, además de sumar trámites e incertidumbre para el campo. A su juicio, la concentración de atribuciones en la Conagua sin reglas específicas podría ampliar riesgos de arbitrariedad, corrupción, favoritismos o castigos políticos. Asimismo, sostuvo que la incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes podría desincentivar la inversión y la tecnificación, y frenar proyectos productivos.

La aprobación de esta reforma sucede en un escenario donde el sector agrícola concentra cerca del 75% del agua destinada a consumo, de acuerdo con lo planteado durante el debate público sobre el nuevo marco jurídico. En ese contexto, el rediseño de reglas para concesiones, asignaciones y prioridades de uso se perfila como uno de los componentes clave de la nueva legislación.

Con la aprobación en ambas cámaras, el país se encamina hacia un nuevo esquema normativo para la gestión del agua, con ajustes en la administración de concesiones y una redefinición de atribuciones institucionales en un momento de elevada presión hídrica.