La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) subraya que existe un potencial significativo para ampliar el uso de impuestos y tasas medioambientales dirigidos a la biodiversidad. Según el recuento más reciente, estos instrumentos ya generan en el conjunto de países de la OCDE del orden de 10.6 mil millones de dólares anuales, pero su adopción y expansión se ha estancado en la última década: ni el número de incentivos ni la cantidad de jurisdicciones que los aplican ha crecido sustancialmente en ese periodo.
El planteamiento general de la OCDE es que los gravámenes sean específicos al agente o conducta que ocasiona presión ambiental —por ejemplo, un contaminante, una práctica extractiva o el uso de un recurso escaso— y que reflejen el costo total del daño causado, incluidas variaciones del riesgo ecológico entre territorios y ecosistemas. Esta orientación busca alinear el diseño fiscal con objetivos ambientales concretos y mejorar la eficiencia de las señales de precio, de modo que desincentiven actividades perjudiciales y, en su caso, generen recursos etiquetados para conservación.
El diagnóstico también identifica brechas institucionales: alrededor del 80% de los países carecen de mecanismos de compensación por pérdida de biodiversidad o, cuando existen, su cobertura es limitada. Asimismo, las subvenciones destinadas explícitamente a promover la biodiversidad continúan infrautilizadas; por ejemplo, en un conjunto de 54 países, apenas una fracción muy pequeña de las ayudas agropecuarias se orienta a objetivos ambientales como la conservación. Estas constataciones se acompañan de recomendaciones para mejorar la focalización, la evaluación de resultados y la coherencia entre instrumentos.
Entre las pautas operativas propuestas destacan: i) establecer objetivos claros respaldados por evaluaciones sólidas y metodologías consistentes; ii) involucrar tempranamente a las partes interesadas para favorecer resultados equitativos; iii) considerar el contexto ecológico específico al calibrar tarifas o alícuotas; y iv) anticipar y mitigar riesgos de “fuga” o sustitución (por ejemplo, desplazamiento de actividades a zonas no gravadas) que puedan mermar la efectividad ambiental.
El telón de fondo de estas propuestas es el deterioro acelerado de la biodiversidad a escala global, documentado por múltiples indicadores. La OCDE recuerda que, desde 1980, el tamaño promedio de las poblaciones de fauna silvestre monitoreadas ha disminuido de manera marcada y que aproximadamente un millón de especies enfrenta riesgo de extinción, lo que refuerza la necesidad de instrumentos económicos que internalicen costos ambientales y movilicen nuevos recursos para conservación y restauración.
