En los últimos cuatro años, la Procuraduría Fiscal de la Federación ha presentado 59 denuncias penales relacionadas con la emisión de facturas falsas, con un monto total que supera los 54,688 millones de pesos.
El desglose de los montos denunciados por año refleja un comportamiento ascendente en algunos periodos: en 2022 las querellas sumaron alrededor de 17,000 millones de pesos; en 2023 alcanzaron los 21,700 millones; en 2024 se registraron 10,000 millones; y en lo que va de 2025, la cifra asciende a 5,600 millones.
Estas acciones se enmarcan dentro de la estrategia gubernamental para reforzar el combate a las llamadas “empresas factureras” y forman parte de las propuestas de modificación al Código Fiscal de la Federación incluidas en el Paquete Económico 2026.
Entre las medidas planteadas destacan:
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La aplicación de prisión preventiva oficiosa para quienes hagan uso de comprobantes fiscales falsos.
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La implementación de “visitas domiciliarias exprés” con un plazo máximo de 24 días para comprobar la veracidad de operaciones registradas.
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La restricción para inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a las personas vinculadas con empresas fachada.
Actualmente, la lista de contribuyentes con operaciones simuladas asciende a más de 11,000 registros. Además, se han presentado más de 1,500 denuncias penales relacionadas con estos esquemas, de las cuales una parte significativa ha sido judicializada, aunque en varios casos se resolvió la extinción del proceso penal.
Con estas acciones, las autoridades buscan reforzar la lucha contra la evasión fiscal y cerrar los espacios de operación de empresas dedicadas a la simulación de operaciones.




