La reforma judicial en México, que entró en vigor en septiembre de 2024, marca un cambio profundo en la manera en que se desarrollan los juicios en el país. Esta transformación busca agilizar los procesos, fortalecer la certeza jurídica y modernizar el sistema de justicia, especialmente en materia de amparo y fiscal.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la modificación de la Ley de Amparo. A partir de marzo de 2025, se establecieron nuevas reglas para limitar las suspensiones del acto reclamado, las cuales solo podrán concederse cuando no afecten el interés público ni contravengan disposiciones de orden público. Además, se definió con mayor claridad el concepto de interés legítimo, ampliando la posibilidad de que personas o colectivos promuevan un amparo, aun cuando no tengan un interés jurídico directo.

La reforma también introduce plazos máximos para la resolución de juicios, con el fin de evitar retrasos prolongados. En materia fiscal, por ejemplo, se establece que las autoridades deberán resolver en un máximo de seis meses, lo que busca acabar con la incertidumbre causada por procesos largos y complejos.

En paralelo, se promueve una mayor digitalización y uso de tecnología en los procedimientos judiciales, con notificaciones electrónicas, audiencias virtuales y reducción de formalismos innecesarios. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumirá más funciones en Pleno, lo que pretende unificar criterios y reducir contradicciones entre tribunales.

Aunque estas medidas buscan hacer más eficiente y predecible el sistema judicial, también generan debate: algunos expertos señalan que limitar las suspensiones podría debilitar la protección de los derechos de los ciudadanos frente a actos de autoridad, en especial en casos fiscales.

La reforma ya está vigente, pero sus efectos completos se verán conforme se implementen las leyes secundarias y los tribunales adopten los nuevos plazos y procedimientos.