La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada por la ministra presidenta Norma Piña, emitió una resolución trascendental: declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa en casos relacionados con delitos fiscales.
A partir del 1 de septiembre, quienes enfrenten acusaciones por fraude o evasión fiscal ya no podrán ser encarcelados de manera automática, sin pruebas contundentes de culpabilidad. Para algunos, este cambio representa un triunfo en favor de la presunción de inocencia y el debido proceso; para otros, abre la puerta a la impunidad.
Una práctica polémica que llega a su fin
Hasta ahora, el sistema permitía que personas acusadas de defraudación fiscal fueran privadas de su libertad sin sentencia firme. Este esquema fue duramente cuestionado por especialistas en derechos humanos y defensores del sector empresarial, quienes advertían que se violentaba el principio básico de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Sin embargo, también existía un bloque que defendía la medida como un freno contra la corrupción y la evasión.
Empresarios entre los más beneficiados
La resolución tendrá un impacto directo en figuras como Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, Elektra y TV Azteca, quien mantiene litigios con el SAT por adeudos superiores a 74 mil millones de pesos.
El magnate, señalado de arrastrar procesos fiscales desde hace más de 16 años, ahora gozará de la garantía de enfrentar sus juicios en libertad. Expertos destacan que, con este fallo, la Corte refuerza el principio de presunción de inocencia y coloca al debido proceso como eje central de la justicia mexicana.
Voces a favor y en contra
Especialistas en materia financiera y jurídica celebraron la decisión, calificándola como un avance hacia un sistema más justo. En palabras de la analista conocida en redes como “La Dama de la Seguridad Social”:
“Con esta resolución, volvemos a hablar de Estado de derecho: eres inocente hasta que se demuestre lo contrario y se garantiza el acceso a un juicio justo antes de que alguien sea encarcelado”.
No obstante, las autoridades fiscales mantienen una postura crítica. La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, subrayó que Grupo Salinas acumula 32 juicios activos en diversas instancias y acusó al conglomerado de prolongar indefinidamente el cumplimiento de sus obligaciones.
“Ha habido transa judicial”, afirmó, insistiendo en que el SAT ha actuado conforme a la ley y que la empresa cuenta con todos los recursos legales para defenderse.
La postura del gobierno
La presidenta Claudia Sheinbaum también intervino en la discusión, advirtiendo que lo verdaderamente injusto sería que la SCJN falle en favor del grupo empresarial. Según la mandataria, detrás de las críticas contra la reforma judicial se esconden intereses de sectores que “no quieren pagar impuestos” y que en el pasado habrían tenido vínculos con ministros para retrasar fallos.
“Hablan de Estado de derecho, pero cuando les toca a ellos, no quieren justicia”, expresó.
Lo que viene
La resolución de la Corte marca un precedente clave en la historia judicial del país. Si bien representa un avance en materia de derechos humanos y garantías individuales, el desenlace de los litigios fiscales de empresarios como Salinas Pliego será determinante para comprobar si esta nueva etapa traerá verdadera justicia o solo más privilegios.
En cualquier caso, la SCJN ha enviado un mensaje contundente: en México, nadie puede ser privado de su libertad sin pruebas sólidas y sin respetar el debido proceso.
