A partir del año 2024, las estaciones de servicio de combustible podrían enfrentar sanciones económicas que superarían los 6 millones de pesos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), e incluso la clausura, en caso de no cumplir con las recientes normativas de certificación volumétrica.
El dilema radica en que para cumplir con estas disposiciones, se necesita un documento que solo emiten alrededor de 30 certificadores debidamente autorizados por la autoridad fiscal. Este proceso, que involucra a más de 13 mil estaciones de servicio en todo México, podría llevar varias semanas, según advierte Aldo Leal, director de Gas Manager, una empresa especializada en soluciones de software para la cadena de suministro de hidrocarburos.
La falta de presentación oportuna de la información requerida por las autoridades, así como proporcionar datos falsos, conlleva sanciones que oscilan entre los 34 mil hasta los 3 millones 442 mil pesos. Además, la ausencia de las autorizaciones y permisos necesarios para llevar a cabo actividades relacionadas con hidrocarburos y petrolíferos podría resultar en multas que van desde los 68 mil hasta los 6 millones 884 mil pesos.
No obstante, las preocupaciones no terminan aquí. A partir del próximo año, el SAT ya no permitirá a las estaciones de servicio emitir facturas globales que agrupan diversas operaciones de venta al público, especialmente cuando el consumidor adquiere combustible sin solicitar una factura específica.
Las multas asociadas a esta práctica también podrían ascender a cifras millonarias y, en este contexto, existe incluso la posibilidad de prohibir la emisión de facturas electrónicas. A lo largo de los últimos cuatro años, el SAT ha otorgado prórrogas al sector de las gasolineras para cumplir con esta medida, considerando la carencia de infraestructura en algunas estaciones para emitir facturas de manera inmediata en transacciones donde el consumidor no la solicita al cargar combustible.
En caso de no corregir las irregularidades, la autoridad fiscal determinará la pérdida del privilegio de emitir facturas electrónicas diarias, semanales o mensuales, para todas las transacciones realizadas con el público en general.
A pesar de que la última prórroga para estas nuevas obligaciones vence el 31 de diciembre, hasta el momento no se ha emitido ninguna resolución del SAT que postergue dichas exigencias. Esta falta de claridad ha generado incertidumbre en el sector, y respecto al tema de la nueva facturación, no se anticipan efectos adversos para los clientes de las estaciones de servicio.
