La proporcionalidad del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se convierte en un factor crucial cuando se enfrenta la complejidad de operaciones que involucran tanto bienes o servicios gravados como exentos. El IVA, como impuesto indirecto, tiene la tarea de gravar el consumo general de bienes, servicios, y el uso o goce de bienes mediante la técnica del valor agregado. En esencia, este impuesto se aplica de manera que impacte una sola vez sobre el valor agregado en una cadena de operaciones que pueden involucrar un bien, un servicio, o el uso de un bien gravado. Esto se logra mediante la traslación y acreditación del IVA.
En términos más simples, cuando un contribuyente traslada el IVA a sus clientes, eso se convierte en su débito fiscal. Al mismo tiempo, el IVA que otros contribuyentes le han trasladado, y el IVA pagado por él en importaciones destinadas a operaciones gravadas o a exportaciones con la alícuota del 0%, se convierten en su crédito fiscal.
A pesar de la aparente simplicidad de este proceso, la acreditación del IVA se vuelve una tarea compleja en la práctica, especialmente cuando el contribuyente se involucra en operaciones tanto gravadas como exentas. En tales situaciones, no es suficiente aplicar una simple proporción basada en la división de las operaciones gravadas entre el total de operaciones.
La Ley de Concertación Tributaria (LCT) y su reglamento imponen un proceso más detallado. Exigen identificar y clasificar costos, gastos e inversiones en tres categorías distintas:
1. Los costos, gastos e inversiones del período que se utilizaron para llevar a cabo operaciones gravadas con IVA, incluyendo aquellas gravadas a la alícuota del 0%, y operaciones destinadas a sujetos exonerados. Estos constituyen el crédito fiscal generado en el período (denominados “Costos y Gastos sujetos a crédito fiscal”).
2. Los costos, gastos e inversiones incurridos para realizar operaciones exentas del IVA, los cuales no forman parte del crédito fiscal (denominados “Costos y Gastos no sujetos a crédito fiscal”).
3. Los costos, gastos e inversiones que fueron incurridos para llevar a cabo tanto operaciones gravadas como operaciones exentas del IVA, sin que se pueda identificar claramente la categoría a la que corresponden. En este caso, se aplicará la proporcionalidad (denominados “Costos y Gastos sujetos a crédito proporcional”).
Una vez que se han identificado y separado los costos y gastos en estas tres categorías, es posible calcular la proporción del IVA acreditable, exclusivamente para los Costos y Gastos sujetos a crédito proporcional. Esto se hace mediante la división de los ingresos gravados en el período entre el total de ingresos.
El crédito fiscal acreditable resultante se suma al crédito fiscal generado por los Costos y Gastos sujetos a crédito fiscal, lo que da como resultado el crédito fiscal total del período. La proporción no acreditable puede ser contabilizada como gasto o costo deducible del Impuesto sobre la Renta (IR).
La correcta aplicación de este criterio de proporcionalidad del IVA no solo asegura la conformidad con las regulaciones fiscales, sino que también evita ajustes por parte de la autoridad fiscal. Además, permite al contribuyente maximizar tanto la acreditación del IVA en operaciones gravadas como la deducibilidad de costos y gastos en operaciones exentas. A pesar de que el proceso pueda parecer más complicado que una simple operación aritmética, es el método correcto que garantiza la exactitud en las operaciones fiscales del contribuyente.
